Democracia y Despotismo

Por José Eduardo Moreno 1

Siempre me resulta grato estar en Tres Arroyos. Cuando puedo vuelvo, y siempre me cuesta irme. El fin de semana pasado, coincidió mi visita con la exposición anual de la Sociedad Rural de Tres Arroyos. En la edición del lunes 11, La Voz del Pueblo reprodujo algunas de las palabras que el titular de la Sociedad Rural, Mariano Astiz, dijo en el acto inaugural y me llevaron a querer escribir algunas líneas al respecto.
Aparecen en su relato –en lo reproducido por el diario- una serie de críticas a la gestión del ejecutivo nacional, provincial y municipal referidas estrictamente al tema agropecuario. Sobre tales cuestiones tengo poco que decir, ya que no soy un conocedor sobre el tema. Señala Astiz que “a los que no conocen del tema los engañan y confunden” y algo de razón debe tener. Por las dudas, asumo un prudente silencio y evito meterme en temas que no manejo. Que lo discutan los que saben.
Pero además de los temas referidos estrictamente a la materia, en su alocución el presidente desarrolla una serie de comentarios, adjetivaciones principalmente, que plantan su postura en relación a elementos que exceden la especificidad del mundo rural y ahí sí me siento autorizado a opinar. Bueno, como cualquiera, ¿no?

Centralmente, me llamaron la atención las palabras que se refieren al ejecutivo nacional como “el matrimonio monárquico que ha hecho de nuestro sistema democrático un velo delgado que ya no disimula la idea hegemónica y despótica de ejercer el poder”. Aro, aro, aro. La metáfora de lo monárquico aparece, como mínimo, un tanto desproporcionada. Afortunadamente nuestros gobernantes, desde el inicio de nuestra joven nación, no depositan su legitimidad de gobierno en un mandato divino, por definición, incomprobable. Tampoco existe un mandato hasta la muerte o abdicación del gobernante, sino que se establecen períodos concretos de 4 años, reelegibles de manera consecutiva sólo una vez. Finalmente, tampoco contamos con un sistema de sucesión hereditario que erija presidente a alguien a partir de un examen de ADN. Entonces ¿qué es aquello que hace monárquico al “matrimonio”? ¿Qué uno sea presidente después del otro? ¿No estamos obviando un hecho un tanto relevante, esto es, el sufragio universal, directo y obligatorio, ballotage incluido?
Por la misma carga valorativa, política e ideológica, el adjetivo monárquico se esparce a una crítica general de la democracia, convertido por “el matrimonio” en ese delgado velo que ya no es capaz de disimular la hegemonía y el despotismo. Vayamos por partes. La hegemonía, como muchos conceptos, tiene varias acepciones. (Para mi gusto, ha sido Antonio Gramsci, uno de los que mejores lo abordó). Para no perdernos en laberintos conceptuales, concibamos la hegemonía como la búsqueda de un grupo social por hacer que sus intereses particulares se extiendan al conjunto de la población. “Universalizar un particular”, diría Ernesto Laclau. Si así lo entendemos ¿Las pretensiones hegemónicas, no son inherentes a toda práctica política? ¿No la practican –o intentan practicarla- todas los grupos sociales –partidarios o corporativos?

Por último, el despotismo. Aquí hay menos equívocos. Se refiere al poder absoluto, al ejercicio tiránico del poder. Sigamos con las preguntas. ¿Realmente se trata de un poder despótico el que ejerce la presidenta? ¿Hay muchos antecedentes en los que el poder legislativo –con mayoría opositora- haya tenido el protagonismo que ostenta hoy? ¿Y la Corte Suprema actual, que a menudo discute y se enfrenta al ejecutivo, no es un gran paso cualitativo a las cortes adictas y a los jueces servilletas a los que estábamos acostumbrados? ¿Cuál es el poder absoluto de un gobierno que no reprime los cortes de ruta, sean de productores agropecuarios o de pobres del conurbano? ¿Cuál es la tiranía de un ejecutivo que no puede hacer cumplir una ley votada en el senado (¡¡44 a 24 votos!!) por la presión de los grupos oligopólicos involucrados?
Afortunadamente, entiendo que las palabras de Astiz son desacertadas. Afortunadamente para todos, porque eso implica espacios de discusión y opinión libres. Implica que podamos votar libremente a nuestros gobernantes, aprobando o desaprobando sus gestiones. Implica poder expresarnos, protestar, organizarnos en corporaciones, ejercer presión, pensar diferente y expresarlo. Como todo gobierno, el actual ejecutivo tiene sus errores, sus falencias y es susceptible de innumerables críticas. Probablemente coincida con el propio Astiz en muchas de ellas. Pero parece sensato no etiquetar a un gobierno -a un sector político-, con frases hechas e imprecisiones para desacreditarlo y despreciarlo sin ahondar en el análisis de esas etiquetas. La democracia es también el respeto por la diferencia y la tolerancia con el otro. ¿No?

1 Nota publicada en La Voz del Pueblo de Tres Arroyos el viernes 15 de octubre

La TV ataca

Por José Eduardo Moreno

La nueva ley de servicios audiovisuales sigue siendo un tema que reniega de salirse del centro de la escena. No es para menos. Se trata de reconfigurar el espacio de los medios audiovisuales, actualmente obscenamente concentrado. Es decir, se trata de repensar y redistribuir el espacio de las distintas voces de un modo más equitativo y plural. Mucho se habló al respecto, pero de cualquier modo quisiera agregar a lo mucho dicho hasta aquí algunos datos concretos sobre el impacto específico que adquiere el mensaje televisivo en la política, en la valoración de medidas y en la imagen de los candidatos. Para ello recurriré a una investigación realizada por la consultora Guarismos de la ciudad de La Plata (http://guarismosconsultora.blogspot.com/) a partir de una encuesta reciente.

La encuesta fue realizada de manera domiciliaria, con muestreo probabilístico y alcanzó 401 hogares en el casco urbano platense. De acuerdo a las estimaciones estadísticas se trata de muestra aceptable que permite inferir con escaso error. Cuando se pasa a análisis que implican cruce de variables (por ej. “Intensión de voto” por “diario que lee”), el error se dispara porque la muestra se reduce drásticamente (sí sólo cuento con 50 casos que leen determinado diario, su representatividad se ve fuertemente debilitada). De cualquier modo, los cruces de variables son válidos y permiten observar tendencias aunque con niveles de error superiores a los que presenta la muestra total respecto del universo estudiado. Hechas estas aburridas pero necesarias aclaraciones estadísticas, pasaremos a comentar la información.

No es sencillo mensurar el impacto que tienen los medios en las opiniones de la gente. Casualmente, quienes hoy guardan reparos sobre la nueva ley de servicios audiovisuales, suelen minimizar este impacto. En pleno debate previo a la votación de la ley, Ernesto Tenembaum señalaba “los gobiernos son queridos u odiados independientemente de lo que los medios dicen de ellos” (Veintitrés, Nº 583, p. 20) en una nota cuya tónica giraba entera en torno a esta idea. Al mismo tiempo sostenía allí algo así como que la gente no es idiota y no piensa lo que dicen los medios. Sin ánimos de insultar a nadie, me animo a afirmar que nadie valora a un gobierno independientemente de lo que dicen los medios. En todo caso, coincido en que la valoración no está determinada necesariamente por lo que los medios dicen, pero eso es una cosa totalmente diferente. Veamos.

Según la encuesta, el 41% de los entrevistados sólo se informa a través de la televisión –en adelante “TV”-, mientras que el 59% restante lo hace por otros medios (aunque también lo hagan por la televisión) –en adelante “Otros medios”. Resulta interesante cotejar como varían las opiniones entre unos y otros y de ese modo contar con alguna información sobre el impacto de ese medio. Veamos.

En la encuesta se preguntó sí la principal causa de la desigualdad social era a) “las distintas capacidades de cada uno”, b) “que el gobierno fomenta la vagancia y no da trabajo” y c) “que patrones/empresarios quieren ganar más y pagan poco”. La distribución de las respuestas entre los “TV” son 11,3%, 68,1%  20,6% respectivamente, mientras que los porcentajes para “Otros Medios” son 14,9%, 56,6% y 28,6%. Es decir, quienes responsabilizan al gobierno por la desigualdad se reduce en más de 10 puntos porcentuales entre quienes se informan más allá de la TV. Del mismo modo, la tercera opción que carga las tintas sobre el rol del empresariado es 8% menor entre quienes sólo se informan por la TV. 

Sobre la valoración la nueva ley de servicios audiovisuales, quienes la consideran “muy buena” constituyen el 18,6% entre “Otros Medios”, mientras sólo alcanza al 10,8% para los “TV”. Si se observa la valoración sobre la figura del ex presidente Kirchner, resulta positiva (“bueno” + “muy bueno”) para el 25,1% y negativa (“malo” + “muy malo”) para el 52,9% entre “Otros Medios”. Estas mismas categorías son del 17,8% y del 55,4% respectivamente para “TV”.

Vayamos al terreno estrictamente electoral. La intención de voto de Kirchner alcanza el 16% entre los “TV”, pero trepa al 21,6% para los otros. Si miramos la de Macri, llega a 17% entre los primeros y sólo al 5,1% entre los segundos.

Por último, veamos los posibles escenarios de ballotage. Si se enfrentara Kirchner contra Cobos, el 22,3% votaría al primero y el 77,7% al segundo entre los “TV”. Pero entre “Otros Medios” la intención varía a 42,1% y 57,9% respectivamente. Es decir, se pasa de una diferencia de 55,4% a una de 15,8% entre ambos candidatos. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 40 puntos porcentuales en un posible escenario de ballotage. Si Kirchner enfrentara a Macri los números son similares: 25,4% y 74,6% entre los “TV” y 44,7% y 55,3% entre los otros.

La lista podría seguir. Lo que parece quedar claro es que la incidencia que adquiere el tratamiento de la información en los medios televisivos tiene una incidencia real y mensurable. En este caso se trata de datos que remiten sólo al casco urbano de la ciudad de La Plata. Cada ciudad y realidad concreta tendrá sus valores. Pero resulta evidente que es imprescindible contar una regulación que atente contra la concentración de los medios y de la información. Está en juego, nada menos, el destino político que nos daremos como sociedad.